No tienes que pagarle las facturas a tus okupas

Por qué dabas de baja la luz… y acababas tú en el juzgado

Durante años, los tribunales españoles no se ponían de acuerdo sobre esto. Y no es un detalle menor: significaba que el mismo gesto dar de baja el suministro de tu propia casa okupada podía salirte gratis en una provincia y costarte una condena en la de al lado.

Algunas Audiencias Provinciales interpretaban que cortar la luz o el agua a quien vivía dentro era una forma de coacción: una manera de presionar a los ocupantes para que se fueran, forzando su salida por la vía de hacerles la vida imposible. Y las coacciones son un delito, tipificado en el artículo 172 del Código Penal. Bajo esa lectura, el propietario que daba de baja el contrato podía terminar imputado.

Otras Audiencias pensaban justo lo contrario: que era absurdo obligar a alguien a financiar de forma indefinida los servicios que consume una persona instalada en su casa sin ningún derecho a estar ahí.

¿El resultado de esa disparidad? Inseguridad total. El propietario okupado no solo cargaba con el gasto: cargaba también con la duda de si defenderse de ese gasto lo convertiría en delincuente. Y ante la duda, muchos preferían seguir pagando. Meses. A veces años. Financiando la comodidad de quien les había quitado la casa, por miedo a que dejar de hacerlo fuera peor.

Esa era la situación. Injusta, contradictoria y cara. Hasta que llegó una sentencia que puso orden.

El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en la sentencia 426/2026, de 24 de junio, ha establecido que el propietario de una vivienda ocupada ilegalmente no comete, como regla general, un delito de coacciones si decide dar de baja o dejar de pagar el agua, la luz o el gas.

Dicho en cristiano: si te han okupado y los que están dentro no tienen ningún derecho a estar ahí, puedes dejar de pagarles los suministros sin miedo a acabar tú imputado.

El razonamiento del tribunal es de puro sentido común, y por eso sorprende que hiciera falta llegar hasta el Supremo para fijarlo. El ordenamiento jurídico no puede imponer al propietario la obligación indefinida de financiar servicios utilizados por quien reside ilegítimamente en su inmueble. Obligarte a seguir pagando sería, en palabras del propio tribunal, trasladarte una carga económica sin ninguna justificación y, encima, permitir que quien ocupa sin derecho disfrute gratis de unos suministros que costeas tú.

Curiosamente y este detalle dice mucho de lo enrevesado que estaba el asunto, esta sentencia no nace de un caso de okupación, sino de un procedimiento de divorcio. Uno de los cónyuges, titular del contrato eléctrico de la vivienda familiar, dio de baja el servicio mientras el otro seguía residiendo en ella, y el inmueble se quedó varios días sin electricidad. Por ese corte lo condenaron por coacciones, y el Supremo confirmó la condena. Pero al resolver ese caso, el tribunal aprovechó para trazar una frontera que a los propietarios nos interesa muchísimo.

El matiz decisivo: el título es lo que lo cambia todo

Aquí está la clave, y conviene que no la pases por alto, porque es lo que separa "puedo cortar" de "no puedo cortar".

El Supremo no ha dado un cheque en blanco. Lo que ha hecho es distinguir según quién esté dentro y con qué derecho. La frontera es la legitimidad de la posesión.

Si la persona que sufre el corte tiene algún título que la ampare un contrato, un derecho de uso, una posesión legítima aunque sea discutida, como la del cónyuge del caso del divorcio, cortarle la luz sí puede ser coacción. Ahí el propietario no puede tomarse la justicia por su mano.

Pero si quien está dentro no tiene absolutamente ningún derecho a estar ahí el okupa puro, el que entró sin título alguno, "porque ha usurpado el bien" en palabras de la sentencia—, entonces dar de baja los suministros no es, por regla general, delito. El artículo 172 castiga a quien actúa «sin estar autorizado», y difícilmente puede hablarse de falta de autorización cuando es el propio titular del inmueble quien decide qué hacer con sus contratos.

Y fíjate en dónde nos deja esto. Todo depende, otra vez, de poder demostrar quién es quién. De poder acreditar que quien está dentro no tiene ningún derecho sobre tu casa y, en el reverso de esa misma moneda, que el hogar es tuyo. Sin esa distinción clara, la protección que te da el Supremo se difumina.

Porque una cosa es tener razón, y otra muy distinta es poder demostrarla en el momento en que hace falta.

De acuerdo, ya no pagas la luz. ¿Y la casa?

No te dejes deslumbrar por la buena noticia. Que puedas cortar los suministros está muy bien te ahorra un gasto y te quita un miedo, pero no te devuelve la casa. El okupa sigue dentro. Y recuperar la vivienda sigue siendo una carrera que se gana o se pierde en un terreno muy concreto: el de la prueba.

Aquí es donde mucha gente se confunde, y la confusión sale carísima. Creen que ser el dueño basta. Que con la escritura, el IBI a su nombre y las facturas, la policía echará a los okupas sin más. Y no es así.

Porque la ley española no protege el inmueble: protege la morada.

La prueba que decide el resultado (y que puedes tener lista de antemano)

Fíjate en el hilo que recorre todo lo que hemos visto. La sentencia del Supremo te protege si puedes acreditar que quien está dentro no tiene título. La actuación policial inmediata depende de que puedas acreditar tu morada. En los dos casos, todo se reduce a lo mismo: llegar con la prueba hecha.

Y esa prueba no se improvisa cuando el okupa ya está dentro. Se prepara antes.

El Testigo es un dispositivo que se instala en tu vivienda y registra tu presencia de forma continua, como un notario silencioso que va tomando nota de que ahí haces vida. Con ese registro, El Testigo genera el certificado de morada: la acreditación verificable de que esa casa forma parte de tu vida cotidiana. No tienes que acordarte de nada ni guardar papeles: cada registro se sella con fecha y hora certificadas mientras tú vives con normalidad, construyendo día a día el historial que la policía necesita ver. Si quieres ver qué respaldo legal tiene ese documento, lo detallamos aquí: ¿Qué garantías tiene el certificado de morada?

¿Y si el okupa desenchufa el dispositivo o lo destruye al entrar? Da igual. La prueba no vive dentro del aparato. Cada registro se sube a la nube y se sella en el tiempo bajo el Reglamento eIDAS (UE 910/2014), la norma europea que regula los servicios de confianza digitales. Para cuando alguien rompe El Testigo, ya ha pasado por delante de meses de historial certificado. Romperlo no destruye la prueba. Lo explicamos a fondo aquí: ¿Qué pasa si un okupa rompe El Testigo, tu notario virtual?

Y conviene tener claras las piezas, porque cada una hace algo distinto: la alarma avisa a una central. El vecino puede servir de testigo. El Testigo demuestra ante la policía. Solo la última pone el documento encima de la mesa —ese certificado de morada— que convierte una discusión de "tu palabra contra la suya" en una intervención con base legal.

Deja de pagar por partida doble

Repasa la cuenta. Durante años, el propietario okupado pagaba dos veces: pagaba la casa que no usaba y pagaba los suministros que gastaban otros, sin poder cortarlos sin arriesgarse a un juicio. El Supremo acaba de quitarte una de esas cargas: ya no tienes que financiar la luz y el agua de quién te ha okupado.

Pero la otra mitad de la ecuación sigue en tus manos. Cuánto tiempo y cuánto dinero te cuesta recuperar la casa depende de una sola cosa: la rapidez con la que puedas demostrar que esa vivienda es tu morada. Y esa prueba, la que corta el proceso antes de que se enquiste, es justo la que no puedes fabricar hacia atrás. Un historial que nunca generaste no existe. Un dispositivo, en cambio, se instala en horas.

La única forma de dejar de pagarle la factura a tu okupa la de la luz y la de la casa entera es llegar con la prueba ya hecha antes de que nadie entre por la puerta.

Prepara tu vivienda hoy y deja lista la prueba que lo cambia todo.